Morelia (RRC): En el corazón de México, el estado de Michoacán, conocido por sus playas, su artesanía y su producción agrícola, se ha convertido en un territorio disputado donde el crimen organizado ejerce un control que socava las instituciones democráticas y la vida cotidiana de sus habitantes.
El reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 3 de noviembre de 2025, ha encendido las alarmas nacionales, revelando la fragilidad del poder estatal frente a los cárteles.
Este crimen, atribuido a grupos delictivos que libran una guerra por el territorio, no es un hecho aislado, sino la culminación de décadas de violencia que han transformado regiones enteras en zonas de miedo y abandono.
La presencia del crimen organizado en Michoacán tiene raíces profundas, remontándose a los años 80, cuando grupos de vigilantes clandestinos surgieron para combatir el narcotráfico incipiente en la región.
Estos autodefensas comunitarias, inicialmente motivados por la inseguridad, evolucionaron hacia organizaciones criminales más estructuradas. En la década de 2000, emergió La Familia Michoacana, un cártel que se presentó como protector de la población, inspirado en preceptos religiosos, pero que rápidamente se involucró en el tráfico de drogas y la extorsión.
Fundado por figuras como Nazario Moreno González, «El Chayo», el grupo se fragmentó tras su muerte en 2010, dando paso a los Caballeros Templarios y otras facciones.
El detonante nacional llegó en diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico precisamente en Michoacán, desplegando miles de militares en Apatzingán y otras zonas de Tierra Caliente.
Esta estrategia, aunque inicial, intensificó la violencia: entre 2006 y 2012, el estado registró miles de homicidios relacionados con el narco. En respuesta, en 2013 surgieron las autodefensas civiles, grupos armados de campesinos que tomaron el control de municipios enteros ante la inacción gubernamental.
Sin embargo, muchos de estos grupos fueron cooptados por cárteles rivales, perpetuando el ciclo de impunidad.
Hoy, Michoacán es un mosaico de alianzas y rivalidades criminales. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», controla amplias zonas costeras y rutas de exportación.
Enfrentado a él, operan Carteles Unidos, una coalición que incluye a Los Viagras, La Nueva Familia Michoacana y remanentes de los Caballeros Templarios. Estos grupos no solo trafican metanfetaminas y fentanilo, sino que disputan el control de recursos locales, desde puertos hasta minas de hierro.
La frontera con Jalisco se ha convertido en una zona de «pueblos fantasmas», como Carrizo y Cipoco, abandonados por la población huyendo de balaceras y reclutamientos forzados.
En Tierra Caliente, epicentro de la violencia, al menos cuatro cárteles principales libran una batalla territorial que deja decenas de muertos mensuales.
El gobierno de Estados Unidos ha designado a Carteles Unidos como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, ofreciendo recompensas por 26 millones de dólares por sus líderes.
El crimen organizado no solo impone terror físico, sino que ha infiltrado la economía michoacana, especialmente en la producción de aguacate y limón, que representan miles de millones de dólares anuales.
Michoacán produce el 80% del aguacate exportado a EE.UU., pero los productores pagan «cuotas de protección» a múltiples células criminales: hasta cinco cárteles y 32 grupos derivados exigen pagos por hectárea cultivada o por kilo cosechado.
En octubre de 2025, el asesinato de Bernardo Bravo, líder de citricultores en Apatzingán, quien denunció estas extorsiones, subrayó la vulnerabilidad de quienes resisten.
Las cuotas han duplicado, pasando de 2 a 4 pesos por kilo de limón, y las alianzas como la del CJNG con Los Viagras y Los Blancos de Troya han intensificado el asedio.
Este control no solo drena recursos, sino que fomenta la migración y la deserción escolar, con jóvenes reclutados como «halcones» o sicarios.
La sociedad michoacana vive bajo una «ley del narco» que permea todos los niveles. Pueblos enteros han sido despoblados, y las desapariciones forzadas, a menudo vinculadas a empresas mineras y crimen organizado, han sido destacadas por la ONU en casos como el de defensores comunitarios en Aquila.
La violencia contra políticos, como el de Manzo, quien alertó sobre el «asedio» del crimen antes de morir, genera un efecto chilling en la clase dirigente.
En redes sociales, la indignación es palpable: usuarios critican la inacción federal, exigiendo un combate frontal en lugar de «humanismo cuatrero», mientras otros cuestionan la efectividad de programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, que fallan en contrarrestar el reclutamiento juvenil.
La historia de violencia acumulada, como lamenta un analista, refleja un Estado fallido en múltiples administraciones.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha señalado «indicios» de involvement criminal en el asesinato de Manzo, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el «Plan Michoacán por la Paz y la Justicia», que incorpora a la Guardia Nacional y agentes de la Secretaría de Seguridad bajo Omar García Harfuch.
Este plan, presentado a 10 años del inicio de la guerra al narco, busca una «paz duradera» con énfasis en inteligencia y no solo en fuerza bruta.
Sin embargo, las críticas abundan. Opositores culpan a la «4T» por minimizar el problema, atribuyéndolo solo a sexenios pasados, y exigen autocrítica federal.
Sheinbaum ha instado a más denuncias contra extorsiones, pero el asesinato de denunciantes como Bravo genera escepticismo.
Históricamente, planes similares han sido insuficientes, como los de Calderón o Peña Nieto, dejando a Michoacán en un limbo de promesas incumplidas.
Michoacán ilustra el dilema nacional: un país atrapado entre mafias que no solo trafican drogas, sino que gobiernan de facto. Mientras los cárteles extienden su sombra sobre la economía y la política, la recuperación exige más que planes de seguridad; requiere fortalecer instituciones, apoyar a productores y comunidades, y romper el ciclo de impunidad.
El asesinato de Manzo no es solo una tragedia local, sino un llamado urgente a repensar la estrategia contra un enemigo que ha permeado el tejido social. Sin acciones decisivas, el estado de derecho en Michoacán —y en México— seguirá erosionándose.
